En
1609, el Consejo de Estado de Felipe III decreto la expulsión de España
de los Moriscos. Estos eran un grupo minoritario formados por musulmanes que,
pese a vivir en territorio cristiano, conservaban su religión y sus costumbres,
formando una sociedad aparte, con sus propios dirigentes, que se resistían
a la cristianización y a la hispanización.
Las clases dirigentes consideraban a los moriscos una amenaza para la seguridad
nacional, pues temían que sirviesen de cabeza de puente a una posible
invasión musulmana por el mediterráneo y como espías a
favor del siempre amenazante imperio Turco.
Los primeros moriscos en salir de la Península fueron los del Reino de
Valencia que fueron embarcados en los puertos de Vinaroz, El Grao de Valencia,
Denia y Alicante, en navíos traídos especialmente para esa misión.
A éstos les siguieron los moriscos de Aragón, Andalucía,
y el resto de Castilla.
La mayor parte de los expulsados se dirigieron a Marruecos, Oran, Argel y Túnez
en el Norte de África, aunque algunos se trasladaron hasta Salónica
y Constantinopla.
Aunque la expulsión se realizó con bastante orden, los robos y
violencias ejercidas por parte de algunos capitanes de los barcos y los árabes
del Norte de África que atacaban y robaban a los recién llegados,
provocaron la inquietud entre quienes aun no habían embarcado y dieron
lugar a rebeliones en las serranías de Alicante y los Valles interiores
de Valencia y que fueron rápidamente sofocadas por la intervención
de los Tercios y de las milicias locales.
Las consecuencias de la expulsión de los moriscos fueron desiguales en
función de cada territorio.
En algunas zonas como Valencia, Aragón y Murcia donde los moriscos habían
cultivado con gran rentabilidad la tierra, las consecuencias fueron más
grabes que en Castilla, en la que el número e importancia era menor.
En total se calcula que fueron unos 300.000 los moriscos expulsados, lo que
repercutió en el descenso demográfico que España ya padecía
desde principios de siglo.
